Contexto histórico Santander



LAROCHELA


La Rochela en el año 1989, antecedida por la toma y retoma sangrienta del Palacio de Justicia en 1985, y seguida más recientemente por la masacre y desaparición el 9 de marzo de 2000 de siete funcionarios judiciales en el departamento del Cesar.

La Comisión Judicial estudiaba varios acontecimientos que se venían presentando por esta época en el Magdalena Medio: la desaparición forzada y los homicidios de centenares de sus habitantes; la tortura sobre los líderes comunitarios; los desplazamientos forzados no masivos, a cuenta gotas, pero sostenidos; las amenazas sobre los campesinos, y el despojo de sus tierras. Además se venían presentando alianzas entre paramilitares y narcotraficantes que ponían ciertas zonas en alto riesgo para los que no eran participes del conflicto que se generaba entonces con el estado.

El Magdalena Medio en ese entonces, como se recordará, era tal vez el más claro escenario de materialización de la lucha y las tensiones entre el avance simultáneo de dos modelos de contención del conflicto: el autoritario y contrainsurgente, punta de lanza o piloto del modelo paramilitar que se extendió luego a muchas otras regiones del país; y el democratizador institucional que habría de conducir al acuerdo político plasmado en la Constitución Nacional de 1991; una tensión que en muchos aspectos aún no ha sido plenamente resuelta en el país, y en medio de la cual se le oponen al ejercicio de la justicia con arreglo a los marcos doctrinarios o normativos y con importante e inquietante legitimidad social, las simples vías de hecho, la ley del más fuerte y las retaliaciones sangrientas.

En 1989, La Rochela contaba con una inspección de policía que recibía las denuncias de los delitos que ocurrían en la zona, siendo la única autoridad estatal que podía iniciar la difícil tarea de administrar justicia. En ocasiones, sin embargo, las denuncias eran enviadas al juzgado situado en el alto Simacota, donde se ubica la cabecera municipal, que queda muy lejos de La Rochela, a por lo menos 215 Km por carretera. Pero en eventos todavía más ocasionales, por ejemplo, cuando se creía que la justicia local no había avanzado lo suficiente en la investigación de un hecho delictivo, las investigaciones eran enviadas a los juzgados de Instrucción Criminal de San Gil, población ubicada aproximadamente a 185 Km de La Rochela.

Frente a estas investigaciones los paramilitares y narcotraficantes se vieron amenazados en su zona de poder. Por lo cual empezaron a tomar parte a lo que la guerrilla aduce como fundamento a sus ataques y hostigamientos y así mismo los paramilitares apelan: “Justicia por mano propia”. Y con ello empiezan a darse las acciones del conflicto armado en contra del estado. Estos conflictos frecuentes entre órganos políticos y judiciales, no contribuyen a lo que se conoce como estado de derecho; pero si desemboca en la masacre de los judiciales.

Al cabo de veinte años, el caso de la masacre de La Rochela es un proceso judicialmente inconcluso: En efecto, los enormes avances que en materia investigativa caracterizaron la fase inicial, se diluyeron progresivamente, y asuntos sustantivos como las autorías intelectuales del crimen son todavía materias pendientes de resolución judicial.


En desarrollo de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta, luego de evaluar las pruebas presentadas, condenó al Estado colombiano en el caso de La masacre de
La Rochela por acción y omisión en los «hechos perpetrados por los paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo de miembros de la fuerza pública».















































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