Contexto histórico nacional

Contexto Histórico
"La consolidación del tráfico con el control de un elevado porcentaje del comercio de coca hacia los Estados Unidos convirtió a Colombia, para finales de la década de 1970, en el más importante centro de refinación y exportación de coca. Este negocio condujo a un aumento en los actos de violencia ligados a la delincuencia común, pero sin que se advirtieran peligros excepcionales. Sin embargo, desde sus comienzos el tráfico de coca introducía una serie de elementos que resultarían a la postre muy graves. El tráfico aumentó la corrupción de las autoridades colombianas hasta niveles insólitos. La aparición de las fortunas fáciles contribuyó a acelerar una modificación en los valores sociales que estaba colocando la riqueza y su ostentación como la meta principal de la actividad personal, ahora al alcance de grupos sociales cada vez más amplios. La indiferencia ante la corrupción y la admiración por los grandes traficantes se extendió por todos los sectores de la población. La justicia, ya bastante debilitada, empezó a ceder ante las presiones de los narcotraficantes, de manera que resultaba imposible castigar sus acciones. A comienzos de esta década [1980s] la presencia de los narcotraficantes se convierte en un factor esencial del panorama de la violencia. Ante sus intentos por intervenir activamente en política se producen las primeras formas de rechazo frontal de parte de los sectores tradicionales. La represión ocasional, estimulada además por la presión norteamericana, condujo a los primeros desafíos serios de los narcotraficantes: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, señala la apertura de una primera confrontación decidida entre el Estado y los narcotraficantes. "

PERIODO PRESIDENCIAL  (1986 - 1990)
Virgilio Barco Vargas (Partido liberal) fue alcalde de Bogotá durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1969). Tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1986, Barco emprendió el esquema gobierno-oposición para acabar con los vestigios del Frente Nacional, por lo que contó en su gabinete sólo con representantes del Partido Liberal. Su mandato tuvo como grandes ejes los programas contra la pobreza, el diálogo con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Promovió una política de "pulso firme y mano tendida", la cual encontró eco en el M19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1990.

A raíz de la masacre de la rochela el presidente Virgilio barco revoco la ley de 1965 (implementada tras el ataque a Marquetalia) que legalizaba los grupos paramilitares. No obstante, para entonces la situación ya era incontrolable. Aquel mismo año, 1989, Escobar ordenó el asesinato de Galán, el bombardeo de los cuarteles generales del DAS y del avión de Avianca, y cientos aniquilamientos más, a menudo mediante operativos como Baquero y el joven asesino apodado la Quica.

1989 el candidato  a la presidencia Luis Carlos Galán es asesinado. El M-19 se legaliza como partido tras alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno, se produce la masacre de una comisión judicial cerca de la Rochela, lo que obliga al gobierno a criminalizar los grupos paramilitares. El asesinato de Galán, ordenado por Pablo Escobar, fue el punto culmen de la guerra declarada por Pablo Escobar contra la extradición.

Escenario preelectoral
Al avecinarse las elecciones de 1986, Colombia había salido de varios eventos que la había cambiado hasta entonces; la ley de amnistía, la tregua con las FARC y el M-19 y otros grupos, la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Se presentaban también debates sobre una profunda reforma a la centenaria Constitución de 1886 a la cual se aplicaría una última reforma que sería la elección popular de alcaldes y gobernadores, se debatía también proseguir los diálogos con la subversión iniciadas en la gestión anterior y también la lucha contra los carteles de la droga.


Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)
En 1962 surge la figura política de Luis Carlos Galán, quien pretende cambiar la clase política, comenzando por su partido, creando el movimiento del Nuevo Liberalismo (no confundir con neoliberalismo).
La división causada al interior del partido liberal facilitó el triunfo del conservador Belisario Betancur Cuartas.
Para esta época el narcotráfico se había convertido en un factor social importante, sin embargo, si bien un delito, no era considerado como un factor de amenaza a la sociedad. Pablo Escobar, ya un capo del narcotráfico, fue elegido Representante a la Cámara. Belisario Betancur eligió como su ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla del Nuevo Liberalismo, quien fue un gran crítico del narcotráfico.
En 1983, los Estados Unidos y Colombia lograron un acuerdo de cooperación y justicia que incluía, entre sus pilares, la extradición de nacionales.
Lara Bonilla denunció a Escobar y logró que fuera destituido. En 1984 Lara Bonilla fue asesinado, en lo que se considera el primer asesinato político cometido por el narcotráfico colombiano.
Una de las políticas de Belisario Betancur consistió en buscar una solución al problema de las guerrillas y para ello inició una serie de diálogos con los principales grupos del momento: el M-19, las FARC, el ELN y el EPL. Al abrigo de las negociaciones surgió Unión Patriótica, donde se integraron, además de partidos políticos como el Partido Comunista Colombiano, integrantes desmovilizados de las FARC, la mayoría de estos últimos fueron abandonando la coalición para reintegrarse en la guerrilla, a medida que los integrantes de la coalición eran masacrados. Las negociaciones, por lo tanto, dieron por resultado una tregua que fue ocasionalmente rota por el ejército.
El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se toma el Palacio de Justicia en Bogotá, con el objeto de celebrar un juicio público contra el presidente Betancur por el rompimiento de los acuerdos. Los militares toman control de la situación y retoman el edificio. Todos, salvo uno de los guerrilleros, así como varios magistrados y empleados de la corte murieron en confusos hechos. Además de esta toma, el 15 de noviembre de 1985 ocurre la erupción del Nevado del Ruiz, con la subsecuente avalancha de Armero, en la cual murieron 25 mil personas y se destruyó casi toda la ciudad.

Desaparición de 19 comerciantes; Masacre en la Rochela (Santander), octubre de 1987 y enero de1989

Desaparición de 19 comerciantes, Cimitarra (Santander, Colombia)
8 de octubre de 1987
Masacre comisión judicial, La Rochela (Santander, Colombia)
18 de enero 1988

 Existen dos hechos, que aunque distanciados en el tiempo y perpetrados en lugares diferentes tienen conexidad. El primero ocurrió en Cimitarra y Puerto Boyacá en octubre de 1987; el segundo, se registró un par de años después en la La Rochela de Simacota en enero de 1989. Estos hechos han sido relacionados por estar ligados a las dinámicas de las acciones paramilitares en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

El primero de los casos se refiere a la masacre de 19 personas dedicadas a la actividad comercial de mercancia de contrabando; la segunda masacre se perpetró conra la comisión judicial de 14 personas que investigaba el caso de los comerciales desaparecidos. En los hechos se vio involucrada la XIV Brigada del Ejército según la investigación judicial.

Las víctimas, desparación de 19 comerciantes (8 de octubre de 1987):


Víctor Manuel Ayala Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Reynaldo Corzo Vargas, José Ferney Fernandez Díaz,  Antonio Florez Contreras, Alberto Gómez, Luis Hernando Jauregui Jaimes, Alvaro Lobo Pacheco, Juan Alberto Montero, Gilberto Ortiz Sarmiento, Huber Pérez, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Israel Pundor Quintero, Carlos Arturo Riatiga, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Luis Domingo Sauza Suarez.

Las víctimas, masacre en La Rochela (18 de enero de 1989):


Pablo Beltran Palomino, Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Mariela Morales Caro, Juez 4 de Instrucción Criminal de San Gil; Arturo Salgado Garzón, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Germán Monroy, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Luis Orlando Hernández, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Virgilio Hernández, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Carlos Fernando Castillo Zapata, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Cesar Augusto Morales, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Gabriel Enrique Vesga, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Samuel Vargas, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil y Arnulfo Mejia, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil.

  • La desaparición de los 19 comerciantes (1987) se dedicaban a actividades comerciales, tales como transporte de mercaderías o de personas, compra de mercancías en la frontera colombo-venezolana y venta de las mismas en las ciudades de Bucaramanga, Medellín e intermedias. 
  • La “cúpula” del grupo “paramilitar” que tenía gran control en el Municipio de Puerto Boyacá realizó una reunión, en la cual se tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías y vehículos, en virtud de que éstos no pagaban los “impuestos” que cobraba el referido grupo “paramilitar” por transitar con mercancías en esa región y debido a que consideraban que las presuntas víctimas vendían armas a los grupos guerrilleros o subversivos de la región del Magdalena Medio, las cuales compraban en Venezuela. Esta reunión se realizó con la aquiescencia de algunos oficiales del Ejército, los cuales estaban de acuerdo con dicho plan.



Sentencia proferida por la Corte IDH

Una vez agotado el procedimiento previsto, la Corte Interamericana profirió el 11 de Mayo
En esta decisión, la Corte determinó que la masacre tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su vez en aplicación de un contexto normativo expedido por el Estado, que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidió en que el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas regulares del Estado, consumaran la masacre. A su vez consideró la especial gravedad de estos hechos, por cuanto el Estado es responsable de una masacre ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban investigando violaciones de derechos humanos los cuales fueron cometidos brutalmente.

La Corte IDH homologó el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y los representantes de las víctimas y ordenó otras medidas de reparación, para satisfacer de manera integral ese derecho. Las medidas de reparación consisten entre otras en: investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela.
En la actualidad, el Colectivo y Cejil , organizaciones representantes de las víctimas y sus familiares, adelantan un proceso de concertación con las distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento adecuado a las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.




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