LAROCHELA
La Rochela en el año 1989,
antecedida por la toma y retoma sangrienta del Palacio de Justicia en 1985, y
seguida más recientemente por la masacre y desaparición el 9 de marzo de 2000
de siete funcionarios judiciales en el departamento del Cesar.
La Comisión Judicial estudiaba
varios acontecimientos que se venían presentando por esta época en el Magdalena
Medio: la desaparición forzada y los homicidios de centenares de sus habitantes; la tortura sobre
los líderes comunitarios; los desplazamientos forzados no masivos, a cuenta
gotas, pero sostenidos; las amenazas sobre los campesinos, y el despojo de sus
tierras. Además se venían presentando alianzas entre paramilitares y
narcotraficantes que ponían ciertas zonas en alto riesgo para los que no eran
participes del conflicto que se generaba entonces con el estado.
El Magdalena Medio en ese
entonces, como se recordará, era tal vez el más claro escenario de
materialización de la lucha y las tensiones entre el avance simultáneo de dos
modelos de contención del conflicto: el autoritario y contrainsurgente, punta
de lanza o piloto del modelo paramilitar que se extendió luego a muchas otras
regiones del país; y el democratizador institucional que habría de conducir al
acuerdo político plasmado en la Constitución Nacional de 1991; una tensión que
en muchos aspectos aún no ha sido plenamente resuelta en el país, y en medio de
la cual se le oponen al ejercicio de la justicia con arreglo a los marcos
doctrinarios o normativos y con importante e inquietante legitimidad social,
las simples vías de hecho, la ley del más fuerte y las retaliaciones
sangrientas.
En 1989, La Rochela contaba con
una inspección de policía que recibía las denuncias de los delitos que ocurrían
en la zona, siendo la única autoridad estatal que podía iniciar la difícil
tarea de administrar justicia. En ocasiones, sin embargo, las denuncias eran
enviadas al juzgado situado en el alto Simacota,
donde se ubica la cabecera municipal, que queda muy lejos de La Rochela, a por
lo menos 215 Km por carretera. Pero en eventos todavía más ocasionales, por
ejemplo, cuando se creía que la justicia local no había avanzado lo suficiente
en la investigación de un hecho delictivo, las investigaciones eran enviadas a
los juzgados de Instrucción Criminal de San Gil, población ubicada
aproximadamente a 185 Km de La Rochela.
Frente a estas investigaciones
los paramilitares y narcotraficantes se vieron amenazados en su zona de poder.
Por lo cual empezaron a tomar parte a lo que la guerrilla aduce como fundamento
a sus ataques y hostigamientos y así mismo los paramilitares apelan: “Justicia
por mano propia”. Y con ello empiezan a darse las acciones del conflicto armado
en contra del estado. Estos conflictos frecuentes entre órganos políticos y
judiciales, no contribuyen a lo que se conoce como estado de derecho; pero si
desemboca en la masacre de los judiciales.
Al cabo de veinte años, el caso
de la masacre de La Rochela es un proceso judicialmente inconcluso: En efecto,
los enormes avances que en materia investigativa caracterizaron la fase
inicial, se diluyeron progresivamente, y asuntos sustantivos como las autorías intelectuales
del crimen son todavía materias pendientes de resolución judicial.
En desarrollo de la demanda ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta, luego de evaluar las pruebas
presentadas, condenó al Estado colombiano en el caso de La masacre de
La Rochela por acción y omisión en los «hechos
perpetrados por los paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo de miembros
de la fuerza pública».
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