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 La verdad final de la masacre de La Rochela

“Lleve costal para que traiga la cabeza” fue la chanza macabra que le hizo un compañero a Carlos Fernando Castillo, cuando supo que se iba de comisión al Magdalena Medio. Castillo fue uno de los 12 funcionarios judiciales asesinados a sangre fría por paramilitares y narcos en una carretera de Simacota (Santander), el 18 de enero de 1989, en lo que la historia colombiana conocería como la masacre de La Rochela"

“No era un comentario suelto. Los dos jueces de Instrucción Criminal, dos secretarios y 8 agentes del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que hacían parte de la comisión que partió desde Bogotá sabían que era una misión de alto riesgo: se iban a meter en una zona en la que narcos y paramilitares afianzaban su dominio a sangre y fuego, con ayuda de miembros de la Fuerza Pública. El próximo martes, 21 años y nueve meses después de ese crimen, el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación entregará a las familias de las víctimas su informe final sobre La Rochela. La revisión de miles de folios judiciales y de la prensa de la época, y decenas de entrevistas con protagonistas dejaron una gran conclusión, que generará debate: “Para los 80, en lo que respecta al Magdalena Medio, varias de las brigadas y batallones del Ejército que actuaban en la zona lo hacían de la mano del grupo de paramilitares comandados por Henry Pérez (uno de los asesinos de Luis Carlos Galán) y apoyados por Acdegam (ganaderos) y capos del narcotráfico”.    

Investigar esa alianza –que meses antes dejó otra matanza famosa, la de los 19 comerciantes– estaba entre las tareas de la inmolada comisión judicial. La orden la dio el ‘Mexicano’ “A los jueces hay que matarlos por la autopista, y mire a ver usted cómo va a organizar para que hagan el trabajo” fue la orden que, según relató el ex paramilitar ‘Vladimir’, dio el capo Gonzalo Rodríguez Gacha. El año pasado, la justicia reabrió la investigación contra tres generales: Farouk Yanine (fallecido), Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca) y contra el ex congresista Tiberio Villarreal. Sobre este último, ‘Vladimir’ dijo que fue quién presionó la masacre, porque quería que los ‘paras’ se robaran los expedientes que llevaba la comisión judicial. La Comisión da por hecho que hubo colaboración militar tanto en la matanza como en el encubrimiento. Dice que los asesinos escondieron las armas en la base de Campo Capote y que luego los mandos de la zona se negaron a colaborar con la justicia. A ‘Vladimir’ intentaron capturarlo 14 veces, sin éxito, y la definitiva se logró montando una operación fantasma que, según un investigador de la época, incluyó engañar al Ejército para evitar que se filtrara la información. 

¿En qué se basa? La Unidad Móvil de Investigación, el 8 de marzo de 1989, se quejó en una carta dirigida al Ministerio de Defensa y al presidente Virgilio Barco sobre las “actitudes dilatorias” de la Segunda División del Ejército y la XIV Brigada para capturar a los asesinos. Uno de los oficios de captura fue enviado al general Yanine con estas palabras: “Se tiene conocimiento de que las personas requeridas son ampliamente distinguidas o conocidas por personal militar bajo su mando y por personal civil”. La situación llevó a que el presidente Virgilio Barco ordenara a Yanine que se comprometiera a colaborar. Esa tarea se le delegó al general Carlos Julio Gil Colorado, asesinado por las Farc en Villavicencio en 1995. Con el oficial, relató uno de los encargados de investigar la muerte de sus compañeros, las cosas no fueron fáciles: “El primer encuentro con Colorado no fue nada agradable. Estábamos a bordo de un helicóptero y el helicóptero estaba muy ladeado, yo veía esa pared azul, el agua (...) Le dije: tranquilo, general, que si se cae esta vaina nos caemos todos, no sólo yo”. El crimen La masacre se planeó en la finca La Palmera, de propiedad del jefe paramilitar Henry Pérez. Así lo relató ‘Vladimir’, quien aseguró que pagó 20 millones de pesos a la Policía para conocer el itinerario de la comisión y otros 40 millones a las tropas para que no hubiera escolta militar ese 18 de enero. La comisión fue engañada por el temido sicario, que se presentó inicialmente como jefe guerrillero (‘Ernesto’) y logró incluso convencerlos de entregar sus armas. Manuel Libardo Díaz, uno de los tres sobrevivientes de la masacre, reconstruyó así el momento: “Alias ‘Ernesto’ pidió que entregaran los revólveres que portaban. Se trataba de una ‘sugerencia’ por seguridad, aunque en realidad, dada la desigualdad numérica y la evidente diferencia en el armamento, era más de una orden (…) Hacíamos burlas y chanzas entre la diferencia del armamento de nosotros y el que tenían ellos. Ellos se reían. La tensión era evidente, pero los supuestos guerrilleros hacían todo lo que podían para generar confianza”. Después los amarraron y los llevaron, en los mismos carros en los que habían llegado al lugar, al paraje La Laguna, en la carretera que conduce a Barrancabermeja. Allí, unos 15 hombres armados se habían formado a 10 metros de donde se encontraban los camperos, y dispararon. “Oía el traqueteo de los proyectiles, los quejidos de los compañeros cuando las balas atravesaban sus cuerpos. Daba la sensación de estar uno bajo una granizada o que estuvieran botando manotadas de granos de maíz”, dijo Díaz, quien, junto con Arturo Salgado y Wilson Mantilla, se hicieron los muertos para sobrevivir a la balacera. Se salvaron gracias a que las balas pegaron en una llanta de repuesto y a una orden que no se cumplió de hacer explotar los camperos. Dos de los heridos fueron recogidos por un camión. Salgado, que tuvo que quedarse, fue auxiliado después por periodistas de Vanguardia Liberal, que acudieron a cubrir la masacre.

El sicario más temido ALONSO DE JESÚS BAQUERO, ALIAS ‘VLADIMIR’

En los últimos 25 años, el alias de ‘Vladimir’ está asociado a los crímenes que más han golpeado a Colombia. Fue condenado por La Rochela, pero también intervino en el magnicidio de Luis Carlos Galán y en varias masacres que el país no olvida.
Desde el primer momento, los tres sobrevivientes de la masacre fueron víctimas de presiones y amenazas. Lo mismo les pasó a los jueces de Instrucción Criminal que llevaron el proceso.Incluso, fue necesario enviar el expediente a Pasto, donde un juez dictó las primeras condenas: nueve ‘paras’, entre ellos ‘Vladimir’, y dos militares. Estos eran el teniente Luis Enrique Andrade, quien, según los testimonios de decenas de personas, colaboraba abiertamente con los ‘paras’, y el sargento Otoniel Hernández.Y mientras los ‘paras’ recibían condenas de 30 años, a los militares les dieron cinco por auxilio a actividades terroristas. Un Tribunal de Orden Público de Bogotá tumbó estas dos últimas condenas y remitió los casos a la Justicia Penal Militar. La impunidad que generó esa decisión fue una de las razones por las que el Estado colombiano terminó condenado en instancias internacionales. Pasaron casi dos décadas y, salvo ‘Vladimir’, ninguno de los grandes responsables del crimen catalogado como el segundo gran atentado contra la Justicia colombiana, después de la toma del palacio de las Cortes en 1985, ha pagado condenas significativas. Y en esa lista no ha entrado ninguno de los señalados autores intelectuales del crimen

Publicación: eltiempo.com

Sección: Editorial - opinión

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2010

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